Informes sobre las fábricas
Industrial Hana (Guatemala) (2024)
Industrial Hana, una fábrica de prendas de vestir en Guatemala, cerró por completo sus operaciones en octubre de 2023 y no pagó la indemnización legalmente requerida a aproximadamente 250 empleados. La fábrica producía prendas, bajo relaciones de subcontratación con otros fabricantes locales, para Lucky Brand (propiedad de Authentic, SPARC y Shein), American Eagle Outfitters y Puma.
El WRC interactuó con los compradores de fábricas y, como resultado, American Eagle Outfitters y Puma acordaron hacer contribuciones significativas para remediar las violaciones. El WRC continúa insistiendo con Lucky Brand y sus propietarios para alentar a este comprador a participar en la remediación.
Grupo Merlet (El Salvador) (2024)
Una investigación de WRC encontró que Grupo Merlet, una fábrica ubicada en El Salvador, violó la ley y los códigos de conducta de las universidades cuando despidió ilegalmente a una directiva sindical, protegida contra el despido por la ley salvadoreña. Tras la investigación del WRC y las medidas correctivas recomendadas, la empresa acordó remediar las violaciones proporcionando el pago retroactivo a la trabajadora. La remediación completa también habría incluido el reinstalo de la trabajadora, pero, en este caso, la trabajadora informó al WRC de que no quería volver a su antiguo puesto en Grupo Merlet.
Texpia II (Guatemala) (2024)
En junio de 2024, Anastacio Tzib Caal, dirigente sindical de Texpia II, fue asesinado por un agresor no identificado. En los meses anteriores, Tzib Caal y otros líderes sindicales fueron objetos de amenazas de muerte escritas en las paredes de la fábrica. El WRC ha estado en contacto con los clientes de esta fábrica para que estas garanticen que la empresa matriz de Texpia II, la multinacional coreana SAE-A, tome medidas apropiadas para garantizar la seguridad de otros líderes sindicales después de este horrible suceso.
APS El Salvador (El Salvador) (2024)
El WRC encontró violaciones de los derechos de los trabajadores en la fábrica de prendas de vestir salvadoreña, APS El Salvador, que cerró en agosto de 2022 sin pagar a sus trabajadores los aproximadamente US$2 millones de dólares que se les debían en salarios, indemnización y otros beneficios. La investigación de la WRC dio lugar a un pago parcial a los trabajadores.
Westtex Apparel (El Salvador) (2024)
En 2023, la WRC investigó violaciones a los derechos de los trabajadores en la maquila salvadoreña conocida como Westtex Apparel. La investigación del WRC encontró que, entre junio de 2021 y marzo de 2023, la fábrica despidió ilegalmente a cinco dirigentes sindicales que organizaron sindicatos en Westtex para abordar cuestiones de acoso y abuso, requisitos de producción para los trabajadores y prestaciones adeudadas a los trabajadores en virtud de la ley.
Después de que sucedieron los despidos, el WRC determinó que la fábrica había suspendido de la fábrica, de forma discriminatoria e ilegal, a 13 dirigentes y afiliados sindicales durante julio y agosto de 2023. La investigación del WRC sobre los despidos y las suspensiones concluyó que, en ambos casos, Westtex había violado el derecho de los trabajadores a la libertad sindical, tal como se establece en la legislación salvadoreña y en los códigos de conducta de las universidades y los compradores.
A través de comunicación de parte del WRC con las marcas, se logró la subsanación de las violaciones. Los cinco dirigentes sindicales despedidos fueron reincorporados y recibieron el pago de sus salarios caídos durante el tiempo que fueron despedidos de la empresa. Los 13 dirigentes y afiliados sindicales que fueron suspendidos temporalmente recibieron el pago completo de los salarios caídos durante el período de su suspensión.
Gildan San Miguel (Honduras) (2023)
En julio de 2022, la compañía canadiense Gildan Activewear cerró por completo las operaciones de su fábrica en Honduras conocida como Gildan San Miguel. Gildan negoció con los representantes de los trabajadores los términos del cierre y acordó proporcionar a los empleados de la fábrica $2,5 millones en concepto de indemnización adicional (por encima de lo que establece la ley). La empresa también acordó brindarles a los trabajadores contratación prioritaria, cobertura médica extendida y otros beneficios.
Style Avenue S.A. (El Salvador) (2023)
En múltiples investigaciones realizadas por el WRC, se descubrió que Style Avenue, durante los años de su operación, cometió repetidas violaciones de los derechos laborales, incluyendo horas extras forzadas, despidos ilegales, abuso verbal por parte de la gerencia, falta de respeto a la libertad de asociación, encerramiento de los trabajadores en la fábrica, calor excesivo y condiciones insalubres.
En 2023, la fábrica cerró permanentemente sus operaciones y no pagó a sus 244 trabajadores aproximadamente 1,8 millones de dólares en salarios, beneficios y compensaciones terminales.
Southern Apparel Contractors (Tegra Global) (Honduras) 2023
En el año 2022, el WRC encontró violaciones a la libertad de asociación en Southern Apparel Contractors, una fábrica ubicada en Honduras y propiedad de la empresa estadounidense Tegra Global. En abril de 2022, un cierre del transporte nacional resultó en que la fábrica pidiera a sus empleados “pagar” un día de salarios perdidos, un requisito que violaba al convenio colectivo firmado entre la fábrica y el sindicato de trabajadores. En respuesta, más de 200 trabajadores organizaron un paro laboral espontáneo. La empresa respondió a la acción colectiva suspendiendo a un grupo de cinco trabajadores a quienes identificó como responsables del paro. El WRC encontró que esta acción de represalia contra los trabajadores por ejercer su derecho a la protesta colectiva por las condiciones de trabajo había ocurrido en violación a la ley hondureña y, por extensión, a los códigos de conducta universitarios y de las marcas. Las recomendaciones del WRC, que fueron implementadas por la fábrica, incluían el reembolso a los trabajadores que fueron suspendidos sin goce de sueldo durante una semana, la eliminación de los expedientes de estos trabajadores de cualquier notificación disciplinaria relacionada con su participación en el paro laboral y una declaración de libertad sindical que se leyó en voz alta a todos los empleados de la fábrica.
JNB Global / Sams and Rudia (Guatemala) 2023
El WRC documentó violaciones a los derechos laborales en la fábrica de prendas guatemalteca JNB Global, también conocida como Sams y Rudia. Las violaciones en esta fábrica ocurrieron cuando la misma requirió a sus empleados firmar nuevos contratos individuales de trabajo en los que se alteraron de manera ilegal sus fechas de contratación. Violaciones adicionales ocurrieron cuando JNB Global despidió a trabajadores que se negaron a firmar los contratos alterados. El WRC se comunicó con el comprador Target y, como resultado de este compromiso, JNB Global acordó remediar las violaciones, actualizando los contratos de trabajo para reflejar las fechas originales de contratación. Los trabajadores que fueron despedidos informaron a la fábrica que no querían volver a trabajar y, por lo tanto, la remediación para estos trabajadores incluía el pago de salarios caídos y del pago total de la indemnización.
En 2020, el WRC documentó graves violaciones de los trabajadores a la libertad de asociación que ocurrieron en la fábrica Winners, propiedad de la compañía multinacional coreana Sae-A. Los lideres sindicales fueron atacados violentamente, amenazados a muerte y obligados a renunciar de sus puestos de trabajo. El WRC compartió sus hallazgos y recomendaciones con SAE-A y con los compradores y, a final del proceso, las violaciones fueron remediadas. La fábrica despidió y desmejoró los gerentes que apoyaron a estos actos de violencia y despidió a los trabajadores que estaban organizados en un sindicato patrocinado por la empresa que perpetraron la violencia. Winners y Sae-A también hicieron ofertas de reinstalo y el pago de salarios caídos y de daños y perjuicios a los lideres sindicales que fueron atacados.
En 2022, hubo violaciones nuevamente cuando la fábrica cerró de manera permanente y despidió a todos los empleados. Al momento del cierre, la fábrica estaba bajo una orden de protección que prohibía el despido de cualquier empleado. A final, SAE-A firmó con los representantes de los trabajadores un acuerdo parar resolver las violaciones que habían ocurrido.
En enero de 2022, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO presentó una denuncia ante el WRC por despidos ilegales de nueve trabajadores de la fábrica Centexsa en respuesta al ejercicio de la libertad sindical de estos trabajadores. El WRC se puso en contacto con la empresa matriz, la corporación multinacional coreana SAE-A, que accedió a hacer ofertas de reinstalo y pagos de salarios caídos a los trabajadores despedidos. La empresa también acordó a implementar acciones correctivas adicionales, incluyendo una declaración sobre la libertad de asociación, la contratación de un mediador y otros compromisos.
En una denuncia separada presentada en junio de 2022 por el sindicato Sitracentexsa con respecto a violaciones de acoso sexual, el WRC descubrió que un gerente departamental de la fábrica de Centexsa había acosado sexualmente a dos trabajadoras durante largos períodos de tiempo y, después de que estas trabajadoras rechazaron sus avances, tomó represalias contra ellas con una suspensión o despido.
El WRC se comunicó con la gerencia de Centexsa y con los compradores Hanesbrands y Carhartt y la fábrica finalmente acordó implementar todas las acciones correctivas recomendadas por el WRC. Esto incluyó el despido del gerente acosador, reparaciones para las trabajadoras que fueron víctimas del acoso y el desarrollo en coordinación con el sindicato de la fábrica de un protocolo para abordar la violencia de género y el acoso en el lugar de trabajo y un comité para abordar futuros casos de acoso sexual que pueden ocurrir.
En el año 2022, el WRC investigó una denuncia presentada por un sindicato independiente recién formado. La investigación encontró que la fábrica había violado los derechos a la libertad sindical de los trabajadores. La fábrica accedió a la remediación de estas violaciones (ver actualización en enero 2024). Esta fábrica también fue tema de investigaciones realizadas por el WRC en los años 2001 y 2008.
Hoosier Manufacturing (Guatemala) 2022
En 2022, el WRC investigó denuncias de despido de 25 trabajadores que alegaron haber intentado formar un sindicato en abril de 2021, así como el despido de tres trabajadores en octubre de 2021 en violación de un emplazamiento del gobierno prohibiendo su despido.
En el caso de los 25 trabajadores despedidos en abril de 2021, el WRC determinó que, si bien estos trabajadores afirmaron que estaban tratando de sindicalizarse antes de ser despedidos, realmente no fue el caso. El WRC determinó que estos trabajadores simplemente simularon el proceso de formar un sindicato para provocar a la gerencia a despedirlos como represalia, lo cual sucedió. En el caso de los tres trabajadores que fueron despedidos en octubre de 2021, el WRC determinó que estos despidos violaron una orden judicial que prohibía los despidos.
Dadas las circunstancias de los despidos, el WRC concluyó que la fábrica había violado los estándares de libertad sindical y que el remedio apropiado era la reincorporación de los 28 trabajadores, pero el pago de los salarios caídos solamente para los trabajadores despedidos en octubre de 2021. La fábrica cumplió con las recomendaciones del WRC, que también incluyeron un anuncio a todos los trabajadores en la cual la empresa se comprometía a respetar la libertad de asociación y la contratación de un mediador para ayudar a resolver los conflictos laborales entre la empresa y su fuerza laboral.
En enero de 2022, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO presentó una denuncia ante el WRC por despidos ilegales de nueve trabajadores de la fábrica Centexsa en respuesta al ejercicio de la libertad sindical de estos trabajadores. El WRC se puso en contacto con la empresa matriz, la corporación multinacional coreana SAE-A, que accedió a hacer ofertas de reinstalo y pagos de salarios caídos a los trabajadores despedidos. La empresa también acordó a implementar acciones correctivas adicionales, incluyendo una declaración sobre la libertad de asociación, la contratación de un mediador y otros compromisos.
Industrias Florenzi (El Salvador) 2021
Al Consorcio de Derechos del Trabajador (WRC por sus siglas en inglés) le complace informar que la empresa Barco Uniforms, Inc., con sede en el sur del estado de California, Estados Unidos, ha realizado una contribución humanitaria de más de US$1 millón a aproximadamente 200 extrabajadoras(es) de la fábrica Industrias Florenzi en El Salvador, exproveedora de la empresa Barco Uniforms. El propósito de la ayuda humanitaria es resolver de manera exitosa el problema tanto de las indemnizaciones como de los salarios y otras prestaciones laborales pendientes que legalmente los propietarios de la fábrica en El Salvador les deben a las trabajadoras(es) desde que cerrara la fábrica el año pasado. Las trabajadoras(es) de Industrias Florenzi producían batas médicas para Barco Uniforms, incluyendo las populares batas de la marca “Grey’s Anatomy”, que se venden bajo una licencia de la compañía Disney. Las trabajadoras(es) también confeccionaban prendas para otros compradores en Estados Unidos.... [leer más aquí]
Heart and Mind (Thailand) 2021
La denegación de la indemnización legalmente debida ocasiona muchas dificultades a los y las trabajadoras de la confección. Debido a los salarios que son crónicamente bajos en las cadenas de suministro de las principales marcas de ropa, las débiles redes de seguridad social en los países donde estas marcas eligen producir ropa y la aplicación deficiente a las leyes laborales locales, al inicio de la pandemia de Covid-19, la mayoría de los trabajadores de la confección se encontraban sin ninguna margen de seguridad económica. Una investigación del Consorcio de Derechos del Trabajador (WRC, por sus siglas en inglés) de un caso no resuelto de robo de indemnización en Heart and Mind Apparel Co., Ltd. subraya esta triste realidad para los trabajadores... [leer más aquí]
El WRC investigó un brote de Covid-19 que ocurrió en mayo de 2020 en la fábrica K.P. Textil que resultó en que un tercio de los empleados de la fábrica contrajera el virus, hecho que, lamentablemente, provocó la muerte de un trabajador.
Tras comunicación de parte del WRC con los compradores de fábrica AEO Inc. y Gap, Inc., estos compradores confirmaron que la gerencia de la fábrica tomó las medidas correctivas adecuadas con respecto a la cuarentena de los trabajadores y la implementación de protocolos de salud y seguridad para ayudar a prevenir un brote futuro de Covid-19. Con respecto a la muerte de un trabajador como resultado de Covid-19, los compradores y la gerencia de la fábrica informaron que la viuda de la trabajadora recibiría un reemplazo de ingresos económicos a largo plazo para su familia a través de un fondo del gobierno guatemalteco establecido para tal fin. Dado que el proceso de solicitud para recibir este fondo pueda durar hasta dos años, el WRC recomendó a los compradores que la fábrica proporcionara fondos a la viuda del trabajador durante el período intermedio hasta que se aprobara su solicitud para el fondo del gobierno. La fábrica acordó realizar este pago en mayo de 2021, reparando así las violaciones a la ley guatemalteca y a los códigos de conducta universitarios.
A final de 2020, el WRC realizó una investigación sobre las violaciones a los derechos laborales cometidas en Elim, una fábrica ubicada en Mixco, Guatemala. La investigación encontró y documentó graves violaciones a la libertad sindical, entre ellos: despidos, amenazas de muerte por parte de la gerencia y amenazas de despido y cierre de la planta, todo ello como represalia a la decisión de los trabajadores de organizarse.
En respuesta a la recomendación del WRC de acciones correctivas, Elim manifestó su desacuerdo con los hallazgos, negándose a dar seguimiento a las mismas. A cambio, la gerencia de Elim anunció que, días después, la compañía cerraría la fábrica de manera permanente a partir del 19 de diciembre de 2020. Elim declaró que la razón del cierre se fundamentaba en la dificultad financiera debido a la falta de pedidos, sin embargo, el WRC concluyó que la decisión de cerrar la fábrica estaba también motivada por un ánimo antisindical y, por lo tanto, representaba una nueva violación a los derechos de asociación de los trabajadores.
Dado que la decisión de la gerencia de cerrar la fábrica no solo profundizó las violaciones al derecho a la libertad de asociación, también significó además que las violaciones previas de los derechos de asociación de los trabajadores por parte de la empresa no se podían remediar por completo, ante ello, el WRC solicitó que los compradores de la fábrica se comprometieran a abstenerse de hacer negocios en el futuro con los propietarios de Elim en cualquier otra fábrica donde podían reanudar sus operaciones. Es importante reconocer que los compradores asumieron este compromiso. Los compradores de la fábrica acordaron asegurarse de que los empleados de Elim recibieran todas sus prestaciones y otros beneficios terminales que se les adeuda en el momento del cierre de la fábrica, así como pagos de salarios caídos para los trabajadores que habían sido despedidos por participar en actividades de asociación. Elim pagó parte de esta indemnización en el momento del cierre de la fábrica. Sin embargo, una investigación independiente determinó que los pagos realizados por Elim representaban solo dos tercios del monto total adeudado a los trabajadores. La marca universitaria Outerstuff junto con New Era Cap, PVH y Centric Brands se aseguraron de que el dinero restante adeudado a los trabajadores fuera pagado por una organización independiente. Estos pagos a los trabajadores se realizaron en marzo de 2021.
Avery Dennison (Honduras) (2021)
En junio de 2020, Avery Dennison (Honduras), una subsidiaria de Avery Dennison Corporation, una corporación con sede en Estados Unidos, realizó un despido por razones económicas en el que despidió a 100 de los trabajadores de la fábrica, de los cuales 33 fueron miembros de un sindicato de trabajadores. En respuesta a una queja presentada por el sindicato, el WRC determinó que la selección de los trabajadores para ser despedidos no cumplió con las leyes laborales hondureñas, que requieren que los empleados que son miembros del sindicato tienen preferencia para no ser despedidos, cuando tienen condiciones iguales a los otros trabajadores, con el fin de garantizar que no se produzcan despidos discriminatorios. En diciembre de 2020, en respuesta a las conclusiones y recomendaciones del WRC, la fábrica acordó volver a contratar a los 33 miembros del sindicato y realizar el pago correspondiente de los salarios caídos.
Alta Gracia (República Dominicana) (en curso)
El WRC se dedica actualmente a monitorear y verificar públicamente las condiciones de trabajo en Alta Gracia, una fábrica situada en la República Dominicana cuyos trabajadores reciben un salario digno, son representados por un sindicato democrático y no se enfrentan a ninguna de las condiciones laborales abusivas que siguen afectando a los trabajadores de la confección en todo el mundo. La fábrica es propiedad de Alta Gracia Apparel, una empresa establecida en Atlanta, Georgia, y sus productos están disponibles en las tiendas universitarias y en Internet.
Varsity Pro Ltd. (El Salvador) (2020)
La investigación del WRC descubrió que Varsity Pro, una fábrica situada en El Salvador que, en el momento de la investigación, producía ropa con licencia universitaria para Varsity Brands y ropa sin licencia para Adidas y Under Armour, violó la legislación salvadoreña y los códigos de conducta universitarios sobre la libertad de asociación. En marzo y abril de 2020, como parte de un despido masivo, la fábrica despidió a siete dirigentes sindicales que estaban protegidos por la ley contra el despido.
Varsity Pro respondió positivamente a las conclusiones del WRC y, el 30 de septiembre de 2020, los líderes sindicales volvieron a trabajar y recibieron el pago correspondiente de los salarios caídos. El WRC reconoce la voluntad de la fábrica Varsity Pro de remediar las violaciones a los códigos de conducta universitarios identificados por el WRC.
CSA suministró ropa no universitaria a dos marcas que tienen licencia universitaria: Hanesbrands (Gear for Sports) y American Eagle (Tailgate). Cuando cerró, la fábrica pagó a los trabajadores menos del 10 por ciento de lo que se les debía legalmente y estaba efectivamente en quiebra. Tras la intervención del WRC, Hanesbrands y American Eagle, junto con Gap, acordaron pagar la mayor parte de la indemnización pendiente: 1,3 millones de dólares que fue distribuido a aproximadamente 650 trabajadores.
Suprema Manufacturing S.A. (República Dominicana) (2019–2020)
La evaluación del WRC en Suprema Manufacturing encfontró violaciones en las áreas de salarios y horas, libertad de asociación y discriminación en el proceso de contratación de las trabajadoras embarazadas.
All-Sportz Apparel (República Dominicana) (2019)
El WRC investigó una queja de los trabajadores de All-Sportz Apparel ubicada en la República Dominicana. Nuestro informe documentó violaciones a la libertad de asociación, incluyendo:
- amenazas a los directivos y supervisores de despido, inclusión en listas negras, violencia y cierre de la planta como represalia por el ejercicio de los derechos de libertad sindical de parte de los trabajadores;
- sanciones económicas impuestas a varios trabajadores y el despido discriminatorio de otro empleado por participar en actividades asociativas;
- el aislamiento físico y social por parte de la gerencia de varios trabajadores sindicalizados y la conducta de violación a la intimidad personal de otro trabajador con el fin de suprimir el ejercicio de la libertad de asociación; y
- el permiso de la gerencia para que los empleados no sindicalizados participen en actividades antisindicales en tiempo de la empresa y el suministro de otros apoyos materiales con el mismo fin.
En respuesta al compromiso del WRC con el comprador de la universidad, Varsity Spirit Apparel, una sucursal de Varsity Brands, el propietario de la fábrica aceptó aplicar todas las medidas correctivas recomendadas por el WRC.
Delta Apparel Honduras (Honduras) (2017–2019)
El WRC investigó una queja presentada por los trabajadores de Delta Apparel Honduras (DAH), una fábrica de ropa ubicada en Villanueva, Honduras. En el momento de la investigación, Delta Apparel producía prendas para universidades de las marcas de ropa J America (Vetta Brands), The Game y American Threads (MV Sport), New Agenda e Image Source.
Las investigaciones del WRC descubrieron violaciones en los ámbitos de los salarios y las horas de trabajo, prestaciones laborales, asistencia médica, acoso y abuso, discriminación de género, libertad de asociación y la seguridad y salud ocupacional.
En julio de 2019, Delta Apparel, la empresa estadounidense propietaria de DAH, se comprometió a remediar todas las violaciones de las normas laborales universitarias que fueron identificadas por la investigación del WRC.
Direct Ship Americas (Honduras) (2019)
En Direct Ship Americas (DSA), el comprador universitario Fanatics, el WRC y otras partes interesadas trabajaron juntos para garantizar el cumplimiento de los códigos de conducta universitarios tras el cierre de esta fábrica hondureña.
Fanatics informó al WRC sobre el cierre antes de que se produjera y comunicó que la fábrica no estaba en condiciones financieras de pagar a sus 240 trabajadores de producción los 468.000 dólares que se les debía en concepto de indemnización por mandato legal. Fanatics se comprometió a garantizar que los trabajadores recibirían todo el dinero que se les debía.
El WRC trabajó con Fanatics y con su intermediario AGI, la parte que proporcionó los fondos que se debían a los trabajadores, para garantizar que todos los empleados de la fábrica recibieran el dinero que se les debía.
SMC (República Dominicana) (2019, 2013)
El WRC llevó a cabo su evaluación de cumplimiento de SMC en virtud de su papel de monitor independiente para la Ciudad y el Condado de San Francisco, California. El WRC, con el apoyo de la Fundación Laboral Dominicana, llevó a cabo entrevistas fuera de las instalaciones de la fábrica y, en septiembre de 2013, visitó la planta para realizar una inspección in situ de la misma, reunirse con la dirección y revisar las pruebas documentales. La evaluación del WRC en SMC encontró violaciones en las áreas de salarios y horas, tiempo libre pagado, beneficios de maternidad y salud y seguridad ocupacional.
LD El Salvador (El Salvador) (2018)
El WRC investigó el cierre y la falta de pagar las indemnizaciones a 824 trabajadores de LD El Salvador. La fábrica, que producía prendas de vestir para PVH, Levi's, Ralph Lauren y Walmart, cerró sus operaciones adeudando a los trabajadores aproximadamente 2,3 millones de dólares en indemnizaciones que tenían derecho a recibir.
Los compradores de LD informaron al WRC de que todos sus pedidos se hicieron a través de Global Brands Group (GBG). Estas empresas instaron conjuntamente a GBG a proporcionar los fondos adeudados a los trabajadores. En respuesta, GBG proporcionó un total de 600.000 dólares para los trabajadores de LD, un total del 26% de la cantidad que se les debía legalmente. Los fondos se distribuyeron por igual entre todos los ex trabajadores de LD a finales de febrero y principios de marzo de 2019.
La contribución de GBG fue un paso hacia la remediación de las infracciones, pero no abordó por completo las violaciones que se produjeron.
League Central América (El Salvador) (2018)
El WRC llevó a cabo una evaluación del cumplimiento con las normas de derechos laborales en League Central América (LCA), una fábrica ubicada en El Salvador que es propiedad de la marca de ropa estadounidense League Collegiate Wear, Inc.
Los hallazgos incluyeron violaciones a la ley de salarios y horas; libertad religiosa; acoso y abuso verbal; discriminación contra los trabajadores que son miembros de la comunidad LGBTQ; y salud y seguridad ocupacional.
League se comprometió a remediar las infracciones identificadas en la investigación del WRC.
Konffetty S.A. de C.V. (El Salvador) (2017)
El WRC emitió un informe exhaustivo en el que se descubría un problema grave de robo de salarios y otras violaciones de los códigos laborales universitarios por parte de Konffetty, una empresa de confección de El Salvador que produce ropa de etiqueta universitaria para la marca Vive La Fete.
La investigación del WRC descubrió que los 200-300 trabajadores a domicilio contratados por Konffetty y su subcontratista cobraban aproximadamente un tercio del salario mínimo legal. El WRC descubrió que los trabajadores hacían un aproximado de más de 100 horas extraordinarias al mes y que la empresa no pagaba ninguna de las prestaciones legalmente exigibles a los trabajadores a domicilio. Konffetty y su subcontratista, RHLA, también violaron el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación.
El WRC intentó conseguir compromisos de reparación por parte de Vive La Fete, pero la empresa ofreció muy poca remediación. El WRC seguirá instando a Vive La Fete a que exija a Konffetty y a su subcontratista el cumplimiento de la normativa y la aplicación de medidas correctoras.
Textiles Opico (El Salvador) (2017)
El WRC investigó una queja presentada por los trabajadores de la fábrica y encontró que Textiles Opico violó los códigos de conducta universitarios y otras normas aplicables con respecto a la libertad de asociación de los trabajadores dentro de un recorte de trabajadores de la fábrica en enero de 2017.
Específicamente, la investigación del WRC determinó que la fábrica seleccionó de forma discriminatoria a los miembros del sindicato para su despido, violó un acuerdo entre los trabajadores y la gerencia que garantizaba que los despidos se realizaran de forma justa y no discriminatoria, y negó a los miembros del sindicato el derecho a ser representados por los representantes que habían elegido en el momento de su despido.
Después de compartir los resultados y las recomendaciones tanto con la fábrica como con los compradores, el WRC se comprometió con todas las partes para buscar una solución a las violaciones. Textiles Opico aceptó actuar sobre un número limitado de recomendaciones del WRC, pero no aceptó reincorporar a casi la mitad de los trabajadores sometidos a despido discriminatorio, un elemento crucial de la remediación.
En agosto de 2016, Rio Garment, una fábrica proveedora de ropa universitaria, cerró inesperadamente sus operaciones. La investigación del WRC descubrió que, en el momento del cierre de la fábrica, a los trabajadores se les debían $1,3 millones de dólares en indemnizaciones. Tras la investigación del WRC y el compromiso con el concesionario de la universidad, Tailgate Clothing Company, y otros compradores, estas empresas de ropa aportaron casi $1.000.000 de dólares para remediar las infracciones. Este dinero se distribuyó a los trabajadores en abril de 2017. En combinación con los fondos generados por la venta de bienes y equipos de la fábrica, las contribuciones de estos compradores resolvieron completamente las violaciones que se produjeron en el momento del cierre.
Genesis Apparel (Honduras) (2016)
En 2015, el WRC llevó a cabo una investigación exhaustiva de las prácticas laborales en Genesis Apparel, que incluyó entrevistas fuera del sitio con los empleados y una inspección in situ que se llevó a cabo en junio de 2015. La evaluación del WRC identificó una serie de violaciones a la ley hondureña y los códigos de conducta universitarios, incluyendo el incumplimiento en las áreas de salarios y horas de trabajo, acomodaciones para trabajadoras embarazadas y lactantes, cuidado infantil legalmente requerido, libertad de asociación y salud y seguridad ocupacional.
En respuesta, Genesis, junto con su comprador, SanMar, se comprometieron a tomar medidas para remediar las violaciones descritas en este informe.
Manufacturas Villanueva (Honduras) (2016)
El 14 de noviembre de 2009, Russell Athletic / Fruit of the Loom firmó un acuerdo con la Central General de Trabajadores (CGT) de Honduras para resolver las violaciones a los códigos de conducta universitarios relacionados con el cierre de una fábrica de propiedad de Russell / FOTL conocida como Jerzees de Honduras. En este acuerdo, la empresa se comprometió a respetar la libertad de asociación de los trabajadores en todas las plantas que son propiedad de Russell / FOTL en Honduras, incluida la fábrica Manufacturas Villanueva. Los trabajadores organizaron un sindicato afiliado a la CGT en la planta Manufacturas Villanueva (FOTL) en 2014 y firmaron un contrato colectivo con la empresa el 4 de junio de 2015, que les otorgó a los trabajadores beneficios por encima de los estándares de la industria, incluyendo mayores bonificaciones de producción, becas educativas y la creación de un plan de ahorro y crédito.
En octubre de 2015, Fruit of the Loom anunció a los trabajadores que consolidará la operación de dos de sus instalaciones en Honduras, Manufacturas Villanueva y Jerzees Buena Vista, en una sola instalación y convertirá a los trabajadores de un horario regular de cinco días a lo que se conoce en Honduras como un horario “4 por 4”, bajo el cual los empleados trabajan cuatro días largos y luego están libres por cuatro días mientras un segundo turno está en la fábrica. La empresa negoció con el sindicato los términos de la consolidación y, a principios de 2016, la fábrica incorporó a los trabajadores de Jerzees Buena Vista a la fuerza laboral de Manufacturas Villanueva y transfirió la operación de esta planta a una jornada “4 por 4”.
Jerzees Buena Vista (Honduras) (2016)
El 14 de noviembre de 2009, Russell Athletic / Fruit of the Loom firmó un acuerdo con la Central General de Trabajadores (CGT) de Honduras para resolver las violaciones a los códigos de conducta universitarios relacionados con el cierre de una fábrica propiedad de Russell / FOTL conocida como Jerzees de Honduras. En este acuerdo, la empresa se comprometió a respetar la libertad de asociación de los trabajadores en todas las plantas que son propiedad de Russell / FOTL en Honduras, incluida Jerzees Buena Vista. Después de que los trabajadores organizaron un sindicato en Jerzees Buena Vista en 2012, se firmó en fecha 25 de octubre de 2013 un contrato colectivo entre la gerencia de la fábrica Jerzees Buena Vista (JBV) y el sindicato que representa a los trabajadores en la fábrica. El contrato resultó en mejores condiciones de trabajo en la fábrica, incluyendo bonificaciones de producción más altas, una comida gratis a la hora del almuerzo y días adicionales de vacaciones. En octubre de 2015, Fruit of the Loom anunció a los trabajadores que cerrará a Jerzees Buena Vista y consolidará su operación y fuerza laboral en otra instalación propiedad de la empresa que se llama Manufacturas Villanueva. La empresa negoció con el sindicato los términos de la consolidación y, a principios de 2016, los trabajadores de Jerzees Buena Vista terminaron su relación laboral con la fábrica y, si así lo deseaban, fueron contratados en Manufacturas Villanueva. Los trabajadores de Manufacturas Villanueva también están representados por un sindicato afiliado a la CGT y existe un convenio colectivo firmado en esta fábrica.
Vanity Fair Intimates of Honduras (VFI) (2016)
El 18 de febrero de 2014, la dirección de la fábrica de VFI y el sindicato que representa a los trabajadores de VFI, afiliado a la Central General de Trabajadores (CGT) de Honduras, llegaron a un acuerdo sobre los términos de la conversión de VFI de una planta de costura a un centro de distribución.
Impression Apparel (El Salvador) (2015)
En febrero de 2015, el WRC recibió una denuncia de la Federación Sindical de El Salvador (FESS) que indicaba que, en enero de 2015, una fábrica de ropa salvadoreña conocida como Impression Apparel despidió ilegalmente a tres líderes sindicales, los cuales todos estaban protegidos del despido por la ley salvadoreña.
JoeAnne Company International Factory (JoeAnne Dominicana) (República Dominicana) (2015, 2013)
En 2013, el WRC llevó a cabo una investigación de JoeAnne Dominicana en respuesta a una denuncia que alegaba que los empleados fueron despedidos en represalia por ejercer sus derechos de asociación. La investigación del WRC encontró pruebas contundentes de que al menos cinco trabajadores fueron despedidos en represalia por participar en una reunión con representantes de una federación sindical. El WRC también encontró evidencia de que al menos una trabajadora fue despedida por actividades que fueron percibidas como actividades sindicales después de haber sido vista conversando regularmente con líderes sindicales y otra trabajadora fue despedida después de afirmar que creía que los trabajadores habían sido despedidos por intentar formar un sindicato. En respuesta a las recomendaciones del WRC de acciones correctivas, la fábrica reintegró a seis de los siete trabajadores despedidos que deseaban regresar al trabajo.
En 2015 se llevó a cabo una segunda investigación en respuesta a una queja presentada por tres empleados de JoeAnne Dominicana que alegaron que fueron despedidos de sus trabajos en represalia por participar en la formación de un sindicato en la fábrica. Sin embargo, en este caso, la investigación del WRC sobre los despidos no encontró pruebas suficientes para respaldar la afirmación del sindicato de que el despido de estos trabajadores violaba la ley dominicana, las normas internacionales del trabajo y / o los códigos de conducta universitarios. Si bien la empresa no estaba dispuesta a rescindir el despido de los tres trabajadores, JoeAnne Dominicana y el sindicato de trabajadores acordaron mejorar la comunicación entre las partes para resolver futuras disputas.
Gildan Villanueva (Honduras) (2015, 2013)
El trabajo de investigación del WRC en Gildan Villanueva comenzó después de que se presentara una queja por parte de varios de los empleados de la fábrica en la que se afirmaba que habían sido despedidos en mayo de 2013 como represalia por sus esfuerzos para buscar ayuda de una organización no gubernamental local con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en la fábrica. Los trabajadores alegaron que los supervisores expresaron abiertamente su hostilidad hacia los trabajadores que se reunieron con la organización y que muchos de ellos fueron posteriormente despedidos como resultado de su participación en estos esfuerzos organizativos.
Industrias de Exportación (INDEX) (Honduras) (2015)
El WRC llevó a cabo una investigación general con respecto al cumplimiento de los derechos laborales en INDEX, una planta que confecciona ropa ubicada en Honduras que es propiedad de la empresa Grupo Beta. En el momento en que el WRC llevó a cabo la investigación, la fábrica producía ropa universitaria para Adidas, Hanesbrands, Inc. (bajo las marcas Champion y Gear for Sports), Knights Apparel (adquirida en febrero de 2015 por Hanesbrands), Under Armour (bajo la marca Under Armour by Gear for Sports), VF (bajo las marcas Majestic y Jansport) y 289C Apparel.
Style Avenue S.A. (El Salvador) (2015)
En Style Avenue se constataron múltiples y reiteradas violaciones a los derechos laborales, como la obligación de trabajar horas extras, despidos ilegales, abuso verbal por parte de la gerencia, incumplimiento con la libertad de asociación, encierro de los trabajadores en la fábrica, calor excesivo y condiciones insalubres.
La investigación inicial del WRC en Petralex documentó violaciones sistemáticas de los derechos laborales, incluyendo despidos en represalia de los líderes sindicales quienes estaban protegidos del despido por la ley hondureña, así como el despido de otros trabajadores que apoyaban al sindicato o fueron familiares de los líderes sindicales.
Manufacturas del Rio / Central American Cutting Center (El Salvador) (2015, 2006)
En enero del 2014, Manufacturas del Rio y una operación hermana, Central American Cutting Center, ambos propiedad del Grupo Argus y ubicada en el mismo lugar, cerraron sin proporcionar pago de indemnización por despido a sus 1.200 empleados. El Grupo Argus no avisó a los trabajadores con anticipación del cierre y no hizo ninguna gestión para proporcionar a los trabajadores los $1,8 millones de dólares que se les debían en concepto de prestaciones por despido, según establece la legislación salvadoreña.
Durante julio y septiembre de 2006, el WRC recibió tres quejas separadas de representantes de los trabajadores en relación con fábricas en América Central que son propiedad de una sola corporación multinacional de ropa conocida como el Grupo Argus. En cada caso, se alegaba que los trabajadores que se habían asociado a un sindicato habían sido despedidos ilegalmente. Otras áreas de preocupación eran la salud y la seguridad en el trabajo y las horas extraordinarias.
Centro Textil (Centex) (Nicaragua) (2014)
El WRC llevó a cabo una investigación de Centex y encontró pruebas contundentes de que la fábrica violó la legislación nicaragüense, las normas laborales internacionales y los códigos de conducta de las universidades al despedir a 15 trabajadores como represalia por formar un sindicato, amenazar a los demás trabajadores para disuadirlos de ejercer sus derechos de asociación e intentar pagar a los trabajadores para que renunciaran a su derecho de reincorporación.
Tras el informe del WRC y el involucramiento de parte de las compradores de prendas destinadas para las universidades, el sindicato y Centex llegaron a un acuerdo que incluía la reincorporación de los 15 trabajadores, una declaración de la empresa sobre el respeto a la libertad de asociación y el compromiso de llegar a un acuerdo en el futuro con respecto a otros tres trabajadores que fueron despedidos en represalia por su actividad sindical.
F&D, S.A. de C.V. (El Salvador) (2014)
El WRC ha estado en comunicación directa con la gerencia de F&D y el único comprador de la fábrica, Hanesbrands, en relación a las violaciones a los derechos de los trabajadores en esta planta desde el año 2010. Un informe del WRC fechado el 24 de marzo de 2014, proporciona una historia completa de la intervención del WRC en la planta, incluyendo mejoras significativas desde que el WRC realizó una investigación in situ en abril de 2013 de acuerdo con su papel como monitor independiente para la ciudad de Los Ángeles del cumplimiento de la Ordenanza Anti-Sudor de esta ciudad. El informe del WRC documentó graves violaciones a la libertad de asociación de los trabajadores. Entre ellas, la coacción, las amenazas, el acoso y el soborno de los trabajadores para inducirles a renunciar al sindicato SITS, la formación de un sindicato patrocinado por la empresa y otros actos de discriminación contra el sindicato SITS y los empleados que eran sus miembros.
Confecciones Gama (El Salvador) (2013)
Memorando del WRC sobre Confecciones Gama – 25 de noviembre de 2013
Hawkins Apparel (Honduras) (2013)
Memorando del WRC sobre Hawkins Apparel – 25 de noviembre de 2013
Gildan Dortex (República Dominicana) (2011)
Evaluación sobre Gildan Dortex – 1 de enero del 2011
Productora Clinimex (México) (2010)
Investigación sobre Productora Clinimex – 19 noviembre 2010
Hugger de Honduras y Visión Tex (Honduras) (2009-2010)
Evaluación del Consorcio de Derechos del Trabajador a Hugger de Honduras y Visión Tex – 8 octubre 2009
Carta enviada por trabajadores y gerentes de Hugger con respecto a la producción de Nike (original) – 25 de agosto del 2009
Actualización del WRC sobre Nike/ Hugger de Honduras y Visión Tex – 12 de noviembre 2009
Actualización sobre Hugger de Honduras y Visión Tex – 16 de marzo del 2009
Declaración publicada por Nike y la CGT sobre el acuerdo – 23 de julio del 2010
Artículo publicado en el periódico New York Times – 26 de julio del 2010
Jerzees de Honduras (Honduras) (2008-2009)
Hallazgos y Recomendaciones – 7 noviembre 2008
Hallazgos y Recomendaciones-análisis de los “Pactos Colectivos” – 19 julio 2009
Hallazgos y Recomendaciones-análisis de las entrevistas a los empleados – 19 julio 2009
Acuerdo Público – noviembre 2009
Plan de acción entre Russell y el WRC – 14 noviembre 2009
Comunicacióndel WRC sobre el acuerdo – 17 noviembre 2009
Informe sobre la implementación de los acuerdos de remediación – 17 de febrero del 2010
Estofel (Guatemala) (2009)
Resumen del caso – 1 de abril del 2009
Confecciones Mazara (México) (2008)
Hallazgos y Recomendaciones – 11 septiembre 2008
Jerzees Choloma (Honduras) (2007)
Hallazgos y Recomendaciones – 3 octubre 2007
TOS Dominicana (República Dominicana) (2007)
Resultados y Recomendaciones – 6 junio 2007
GildanActivewear (Honduras) (2004)
Hallazgos y Recomendaciones – 29 julio 2004
Tarrant Ajalpan (México) (2003)
Informe Interino – 15 septiembre 2003
Primo S.A. de C.V. (El Salvador) (2003)
Reporte Preliminar y Recomendaciones – 19 marzo 2003
La Fábrica Señala – Kukdong (México) (2001)
Informe Preliminar – 24 Enero 2001
Segundo Informe – Resumen Ejecutivo 20 junio 2001